miércoles, diciembre 14, 2005

Negociación con ETA: el sueño antidemocrático de un presidente incompetente y narcisista

Interesantísima “Tercera” de ABC escrita por Mikel Buesa (14/XII/05) sobre las amnistías a terroristas en procesos negociadores. No repetiré aquí sus argumentos y sus atinadas reflexiones, así que recomiendo encarecidamente su lectura .
El Gobierno ya no es capaz de disimular sus ansias de negociación con ETA; todos conocemos la infantil obsesión del presidente Rodríguez por pasar a la Historia como el pacificador del País Vasco, literalmente a toda costa, incluso contra la opinión mayoritaria de la población española que no quiere negociar con ETA. El Gobierno pretende cubrirse las espaldas con la ridícula pretensión de que no habrá contrapartidas políticas a la banda terrorista. Carece por completo de sentido si antes se reconoce la existencia de un llamado conflicto político vasco del que formaría parte el terrorismo.
Esta evidencia viene a unirse al hecho de que las amnistías de una u otra naturaleza y amplitud forman una parte inevitable de todo proceso negociador con una banda terrorista.
La cuestión, una vez sentadas estas pocas ideas, viene a ser si un Gobierno tiene derecho a emplear las medidas de gracia que le permite la Ley como arma en una negociación. En mi opinión resulta algo no sólo repugnante desde el punto de vista moral sino un atentado en toda regla contra la esencia del Derecho democrático.
Porque ¿qué papel juega el Derecho en las sociedades civilizadas y democráticas? Como es sobradamente conocido el Estado es la forma institucional que adopta la soberanía popular. En virtud de esta realidad, los ciudadanos renunciamos al ejercicio de la violencia para resolver las colisiones entre nosotros, creamos un entramado legal que objetiva las diversas situaciones y delegamos en el Estado nuestros derechos naturales. La consecuencia es que producto de un consenso social se encarga al Estado el ejercicio de la violencia en régimen monopolístico. Renunciamos a la defensa personal de nuestros derechos porque se supone que el Estado garantiza que éstos serán defendidos. No tendremos que responder personalmente a la violencia que se ejerza contra nosotros porque hemos cedido al Estado esta función. Los beneficios que obtenemos a cambio son evidentes, y esta evidencia es, precisamente, el fundamento de que el sistema persista. Es, sin embargo, un equilibrio delicado como se puede fácilmente entender. La tendencia a tomarse la justicia por la mano propia es algo consustancial y natural en el ser humano.
El Estado goza del monopolio del ejercicio de la violencia pero no en régimen discrecional. Este ejercicio de la violencia es obligatorio. Cada ciudadano tiene el derecho a que se satisfagan legalmente las agresiones de que haya sido objeto y el Estado no puede elegir si hacerlo o no. Tiene que hacerlo y punto. En caso contrario el Derecho se desmoronaría y retornaría la Era de Lynch.
Castigar o no castigar no es una facultad que graciosamente puedan hacer efectiva los responsables de los poderes públicos. Si a usted le han matado a su esposa, padre, hermano o hija y si queremos seguir viviendo en una sociedad civilizada, debe saber que los culpables pagarán su crimen según lo estipule la Ley elaborada democráticamente por los delegados de la soberanía popular. Y ello ha de ser así independientemente de las razones esgrimidas por el infractor de la sagrada norma por la cual cada uno es dueño de su propia vida y nadie puede bajo ninguna circunstancia arrebatar esta propiedad, obviamente la más valiosa que ningún ser humano pueda poseer.
Por eso es fundamental que se corten de raíz los intentos de negociar con ETA con un perspectiva de una amnistía final. El Gobierno carece de semejante derecho porque se opone al derecho individual de las víctimas de los terroristas. Es más que una estupidez inmoral, es un suicidio: es hacer un daño irreparable a un pacto social que no admite matices. Pretender que este pacto se puede estirar o no a gusto del Gobierno de turno es actuar contra el fundamento de la sociedad democrática y la apertura de la puerta que nos devuelve a la barbarie. Las amnistías, los beneficios penitenciarios excepcionales, las reducciones de pena arbitrarias, son una burla a las víctimas, desde luego, pero también y fundamentalmente a todos los ciudadanos que ya no podremos esperar sin ningún género de dudas que el Estado cumpla su obligación de hacer cumplir la Ley cuando nuestros derechos sean atacados por alguien.
En mi opinión este tipo de comportamiento gubernamental debería estar expresamente prohibido por Ley. El derecho no puede ser algo maleable en función de las necesidades de un partido político o, peor aún, por causa del narcisismo ególatra, ciego, grandilocuente, absurdo, infantil y necio de cualquier incompetente que por las circunstancias que sea llegue a presidente de Gobierno.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Constitución Española
Artículo 62
Corresponde al Rey:
...i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
Yo juraría que una amnistía sería inconstitucional.

euribe

Xabier Cereixo dijo...

Naturalmente, lo venderían como cualquier otra figura.
Hay tantas cosas inconstitcionales que pasan delante de nuestras narices.