Veamos.
La primera amenaza a la libertad de expresión en las sociedades modernas es el poder. De siempre, los gobiernos de todos los países y de todos los colores políticos han tratado de controlar o dirigir o manipular o coartar (o todo a la vez) a los medios y a los profesionales de la comunicación pública. Dado que disponen de muchos innstrumentos para hacerlo su amenaza es sensiblemente mayor que cualquier otra. Disponen de abundante presupuesto para desequilibrar la balanza entre unos medios y otros con la publicidad institucional, principal pero no únicamente. Los gobiernos, por ejemplo, son muy capaces de ayudar a un medio afín a no quebrar (vediéndolo como salvar puestos de trabajo o cualquier otra de sus patrañas habituales) mientras dejan caer en la banca rota a un medio crítico. También son los gobiernos los más fuertes en materia de prebendas y sobornos, digamos, "blandos", de los que saben sortear la Ley. Tienen herramientas muy poderosas, asimismo, en sus brazos investigadores y saben utilizarlas. Por supuesto son también maestros en el arte de la intoxicación con el que pueden llegar a hacer mucho daño. Disponen de un amplio caudal de noticias con las que pagar a medios afines, situándoles en mejor situación que a sus oponentes en el mercado. Y, desde luego, disponen del arma más poderosa a su favor: la capacidad legislativa. Este muy breve repaso nos sirve para demostrar que un gobierno no tiene que hacer grandes cosas para defender la libertad de expresión. Empezando por ser neutral ya se habría dado un gran paso en ese sentido. Sería una gran defensa de ese bien tan fundamental que los gobiernos no hicieran nada, ni en favor ni en contra de ningún medio de comunicación. La pasividad sería la mejor noticia.
Un segundo nivel de amenazas tiene su origen también en los gobiernos y en las administraciones. Se trata de la legislación basada en las concesiones discrecionales de licencias para el acceso a frecuencias con el fin de crear o desarrollar medios de comunicación. De hecho se trata de un nivel de amenaza que, en más de un sentido, tiene aún mayor importancia que la presión efectiva ejercida sobre los medios ya existentes, ya que se trata de una limitación de un derecho fundamental de los ciudadanos ejercida de hecho por el poder. En rigor se trata de un caso extremo de censura previa totalmente antidemocrática. Si un gobierno dado no quiere que un determinado discurso fluya entre la ciudadanía lo mejor que puede hacer, antes de meterse en el lío de tener que cerrar emisoras, es, simple y llanamente, impedir que nunca lleguen a abrirse. Si a este Gobierno le preocupa tanto ensanchar los límites de la libertad de expresión puede hacer algo muy sencillo: acabar con el régimen de concesiones. Quien quiera crear un radio o una televisión sólo debería tener que acercarse a una ventanlla administrativa, preguntar por las frecuencias disponibles y registrar una a su nombre. Punto.
Un tercer nivel de amenaza hipotético sería el de la violencia física contra medios de comunicación o personas en razón del ejercicio de la libertad a expresarse, que les asiste a ellos como emisores y a todos los demás como receptores en potencia, para tratar de acallar mensajes. En ese caso el poder no tiene que inventarse nada en particular pues basta con que se apliquen las leyes generales que defienden a los individuos -física y moralmente- y a sus propiedades. Sin embargo, hemos visto muy recientemente como el Gobierno ha hecho la vista gorda con presiones físicas muy concretas realizadas contra cierta emisora y hasta ha permitido que quien las llevó a cabo utilizara la sede simbólica de la soberanía nacional para protegerse y presumir de su antidemocrática acción.
Un cuarto nivel, a veces sutil, a veces no, es el de la presión económica sobre los medios de comunicación. En este caso, sería suficiente con que el Gobierno aplicara la ley y la jurisprudencia e impidiera que se produjeran más casos como el tristemente famoso "
antenicidio", además de, naturalmente, cumplir con lo que los tribunales más altos del país han ordenado al respecto. De nuevo el Gobierno ha dejado públicamente claro su particular interpretación del sentido de la frase "defender la libertad de expresión".
Un quinto nivel de amenaza, íntimamente relacionado con el anterior, hace referencia a los medios de comunicación en su vertiente mercantil. Tampoco aquí el Gobierno debería tener que hacer grandes malabarismos si de verdad cree que la libertad de expresión necesita de su protección. Dado que existe un régimen basado en las concesiones administrativas éstas se convierte en un bien escaso y limitado, razón por la cual se hacen necesarias las leyes antimonopolísticas. A pesar de que, siguiendo su costumbre de insultar la inteligencia de las personas, el Gobierno pretendiera hacernos creer que recientes modificaciones normativas impedían la acumulación indebida de frecuencias en los diversos ámbitos geográficos, lo cierto es que todos sabemos que ha sido lo contrario. Es metafísicamente imposible que este Gobierno pueda tomar una decisión contraria a los interes del primer grupo de comunicación de este país y una ley anticoncentración tendría este efecto.
Resumiendo: cualquiera con dos dedos de frente sabe en este país que el CAC es un organismo de control sobre los medios de comunicación críticos con el actual Gobierno. Más concretamente aún: se trata de un medio antiCOPE. Como todo el mundo lo sabe en este país, Generalitat y Gobierno central se están volviendo locos para argumentar en defensa de algo absolutamente contrario al espíritu y a la ley de la democracia, en general, y de la democracia española fundamentada en la Constitución del 78, en particular. No hay forma de defender el CAC de una manera racional sin caer en la indignidad. Las líneas de defensa abiertas por el tripartito que gobierna en España y Cataluña son ridículas y humillantes para cualquier persona medianamente informada. El Gobierno, en la cuestión CAC está literalmente insultando a la ciudadanía española al tratarla de imbécil. Y esto incluye a sus votantes.
Hay un aspecto de la cuestión que por su complejidad, por la profundidad de los elementos implicados en el anális, merece un artículo -y extenso- por sí mismo: me estoy refiriendo al apoyo al CAC y a las funciones que acaban de serle asignadas de profesionales de la comunicación y medios afines a los gobiernos de España y Cataluña. Su quintacolumnismo en el ejército civil de la libertad de expresión revuelve las tripas. Sin matiz alguno son traidores a los valores democráticos, entre los cuales figura y muy destacadamente, la libertad de expresión.